Enero 6, 2000: Diario Las Américas, Miami

por Gonzalo Guimaraens

El dictador Castro, en declaración publicada por el "Granma", mencionó la patria potestad de Juan Miguel González sobre su hijo Eliancito como un argumento decisivo para exigir que el niño balsero sea devuelto a la isla-cárcel. La Asamblea Nacional del Poder Popular y otras instancias del régimen se levantaron en coro para aplaudir al dictador. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) se sumó a ese coro, declarando que la "recta solución" del caso, de acuerdo "al más estricto derecho universalmente aceptado", sería entregar el menor "al progenitor sobreviviente". Con ello, se ayudaría también al niño a "recuperar su vida normal" y a proteger su "inocencia".

En la perspectiva de esas declaraciones y de las investigaciones que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) norteamericano para decidir el futuro del niño, es indispensable preguntar qué alcance y qué valor tiene en Cuba comunista, del punto de vista jurídico, la patria potestad; o sea, el legítimo derecho y dominio de los padres sobre sus hijos.

La Constitución cubana, en sus capítulos IV ("Familia") y V ("Educación y Cultura") deja suficientemente claro que es el Estado quien posee los derechos reales sobre las mentes de niños y jóvenes cubanos, imponiendo a los padres la cruel obligación de transformarlos en ciudadanos comunistas. El texto constitucional simplemente ignora el derecho natural de los progenitores de escoger la educación que les parezca más adecuada para sus hijos, pasando a atribuirles, en nombre del Estado comunista, "responsabilidades" y "funciones esenciales" en una "educación" y "formación" que los prepare, de manera "integral", para "la vida en la sociedad socialista" (arts. 35 y 38).

Después de imponer a los padres tan odiosas obligaciones constitucionales, contrarias a la Ley de Dios y al derecho natural, la ley fundamental cubana deja claro que, aún así, ese papel "educativo" de los progenitores es secundario al lado del que se atribuye el propio Estado. En el extenso artículo 39, el Estado comunista llama para sí y asume el papel principal de transformar a niños y jóvenes cubanos en militantes marxistas: éste "orienta, fomenta y promueve la educación", inculcándoles el "ideario marxista" y dándoles la necesaria "formación comunista" (incisos a y c).

No queda a los padres cubanos el más mínimo resquicio o margen de libertad para decidir sobre la formación moral de sus hijos: las conciencias de éstos pertenecen al sistema marxista. Si alguna duda quedara, el artículo 62, actuando como un torniquete jurídico, advierte que "ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos" puede ser ejercida "contra la existencia y fines del Estado socialista", concluyendo en tono amenazador que "la infracción de este principio es punible". Podrían añadirse, en el mismo sentido jurídicamente totalitario y asfixiante de la patria potestad, diversas disposiciones contenidas en el Código Penal y el Código de la Niñez y la Juventud, así como en el Estatuto de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).

En la isla-cárcel de Cuba, por lo tanto, no son los padres y sí el Estado comunista el que en la práctica ejerce la patria potestad, negando los legítimos y fundamentales derechos de los padres de dar a sus hijos la formación que creen más adecuada. Enviar de vuelta a Eliancito González no es entregarlo a su padre y a su familia, sino a las implacables garras del Estado comunista, que se apoderará de su cuerpo y sobre todo del alma del balserito cubano, tal como lo ha hecho con generaciones enteras de niños y jóvenes de ese desdichado país.

Lo que resulta más desconcertante es que, a la vista de ese aberrante marco constitucional y pareciendo hacer tabla rasa de tan graves antecedentes, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) se refiera al retorno de Elián González a Cuba comunista como la "recta solución" que le haría recuperar la "vida normal" y protejer su "inocencia". Como si en un régimen marxista "intrínsecamente perverso" (cfr. Pio XI, "Divini Redemptoris") fuese posible la "recta solución" de algún problema serio y hubiese condiciones para que un niño lleve una "vida normal"...

El cercenamiento de la patria potestad en la Constitución cubana, así como en otros textos legales del régimen, choca frontalmente con tratados internacionales sobre la niñez. La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU, asevera que la "responsabilidad" por la "educación" de los niños incumbe, "en primer término, a sus padres" (Principio 7). Por lo tanto, dicha responsabilidad jamás puede ser substituida por el Estado y, menos aún, por un Estado totalitario comunista. El documento de la ONU, al defender "el interés superior del niño", menciona también la necesidad de indispensables "condiciones de libertad y dignidad" (Principio 2); condiciones que, obviamente, en Cuba comunista no existen en lo más mínimo.

Por su parte, la denominada Declaración universal de los derechos del hombre defiende con énfasis el "derecho preferente" de los padres a escoger el "tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" (art. 26, inc. 2), añadiendo numerosos artículos que defienden un sistema jurídico con libertades esenciales que en la Cuba de hoy son conculcadas sistemáticamente.

El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), que se apresta a decidir el futuro de Eliancito, no podrá soslayar una definición sobre este delicado tema.

En el presente artículo nos hemos limitado exclusivamente a los aspectos legales de la patria potestad en Cuba comunista. Mucho podría decirse, y se ha dicho, sobre el hecho de que Juan Miguel González, padre de Elián, y sus familiares directos que residen en la isla-cárcel son codiciados rehenes del régimen, con todas las consecuencias que de ello se desprenden.

La batalla legal para que Eliancito González pueda crecer y educarse lejos de las garras comunistas debe ser llevada hasta sus últimas consecuencias. Ha arribado la hora de poner en tela de juicio en los más altos foros mundiales, como inaceptable desde el punto de vista del derecho, el conjunto de la "legalidad" socialista en Cuba, y no sólo la sui generis concepción de la patria potestad allí imperante.

Voces del exilio han manifestado justa preocupación por la actual embestida del régimen comunista contra los opositores, aprovechando que las atenciones internacionales están centradas en el caso del balserito cubano. Ante esa coyuntura, la solución no parece ser descuidar un frente para atender otro, sino multiplicar los esfuerzos, en tantos frentes cuanto sea necesario, con vistas a las altas metas que todos anhelamos de alcanzar con urgencia la libertad para Cuba.

Gonzalo Guimaraens es analista político, experto en asuntos cubanos. E-mail: GGuimaraens@altavista.net